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A veces me pregunto qué clase de filosofía
es la que guía a nuestro gobierno, el andaluz, y que clase de normativas fabrican
y aplican en temas tan sensibles como los que se refieren a personas en riesgo
de exclusión social.
Los servicios sociales que padecemos
no son, ni servicios, ni sociales. Basar este servicio público en la sospecha y
la culpabilización de los ciudadanos que acuden a ellos, es la norma general
que actualmente se aplica.
No es descabellado pedir que aquella
persona necesitada de ayuda, demuestre de algún modo que en realidad está en situación
de demandar un determinado apoyo. Cosa muy distinta es llegar a los dichosos
servicios sociales y sentir que eres un ciudadano sospechoso de ser un vividor
y un aprovechado que va a explotar los recursos a disposición de los
necesitados.
“ Legalidad vigente” esas son
las palabras mágicas para tratar los asuntos de emergencia, ya sea
habitacional, alimenticia, energética o sanitaria. Como si las personas que están
en el atolladero entendieran de vigencias legales.
Las palabritas estas me recuerdan una
conocida frase de mi juventud que decía así “A los amigos, el culo. A los
enemigos, por el culo. Al indiferente, la legislación vigente”, y a eso
me suena a mí, a veces, la actuación de los susodichos servicios sociales, a
indiferencia. Salvo en el caso de que al funcionario o funcionaria de turno le
caigas bien y te dé el culo, o le caigas mal y te dé por el culo. Que también pasa,
demasiadas veces.
O sea, que no tengo donde caerme
muerta, paso más hambre que un lagarto en lo alto de una pita, no tengo ni un
agujero donde cobijar a mi familia, vamos, que estoy en las ultimas, y siendo así,
si cobro 410 euros de ayuda, ya no tengo derecho a nada más.
Claro es que con
semejante cantidad ya no soy pobre, con esto tengo para pagar alquiler, agua,
luz, comunidad, medicinas y alimentos. Sí, porque en España, estos servicios básicos
son muy asequibles a los bolsillos del pobre.
Si me meto en alguna vivienda propiedad
de un banco -que es propiedad de un banco porque se la han expropiado a algún o
alguna desgraciada que no pudo pagar la hipoteca, y que aun después de estar en
la puta calle, le deben al banco hasta el último euro. Eso si no han expropiado también
la vivienda a los sufridos padres/avalistas del desahuciado- bien, si me meto
en esa vivienda vacía y abandonada por la entidad bancaria, pierdo cualquier
derecho a ayuda alguna. Quiere esto decir que si elijo comer, en caso de disfrutar
de la astronómica cantidad de los 400 y pico euros, en vez de pagar el alquiler,
y me meto en una vivienda vacía, ya me puedo despedir de cualquier otra prestación
social.
Si en cambio, elijo pagar el alquiler,
la luz, la comunidad etc, y lógicamente dejar
de comer, los servicios sociales, igual -según sea amiga, enemiga o indiferente-
me dan un vale para gastar en alimentos cada mes, cada tres meses o nunca, según
a que sector de la legalidad vigente de ellos haya sido asignada.
Que hay vividores que conocen muy bien
los recursos a los que acoplarse para vivir sin dar palo al agua, se sabe, y
eso pasa desde que el mundo es mundo. Que se trate a todo aquel que demanda
prestaciones sociales, como si fuera un
aprovechado, no es de recibo. Las personas tienen dignidad, y hay que respetar
al máximo sus circunstancias.
Señoras y señores políticos,
funcionarias y funcionarios, tenéis la suerte de disfrutar de una situación económica
que os permite vivir, a unos manifiestamente mejor que a otros, con la
suficiente holgura como para poder pagar vuestras facturas y alimentaros
vosotros y vuestras familias, de forma regular, al menos 3 veces al día.
Las personas en riesgo de exclusión social
tienen también este maldito vicio, vivir en una casa con luz y agua, y comer
ellos y su familia al menos tres veces al día.
No los tratéis como a delincuentes.
Tienen, como vosotros, el derecho a una vida y a un trato digno.
