Cuando en la delicada época de la transición española se diseñó
el estado de las Autonomías, una figura inédita entre los distintos sistemas de configuraciones estatales conocidos,
se hizo como paso previo a la creación de una España federal, con la creación
de las autonomías se sentaban las bases y situación de cada una de ellas respecto de la que posteriormente sería la instancia
superior o Consejo Federal.
La idea era llegar en un determinado momento a un diseño
parecido a los Länder alemanes, el error de salida estaba en que había diferentes
velocidades en el acceso a la autonomía, diferentes estatutos o fueros, e incluso
alguna ciudad autónoma que no merecía por su escasa entidad el título de
comunidad.
Fue una lucha a cara de perro que Galicia y Andalucía se
montasen en el tren autonómico por la vía rápida, Galicia apelando a su estatuto
aprobado en el exilo, y Andalucía a base de manifestaciones y referéndum.
Bajo estas premisas se comenzó a montar el imposible puzle,
la primera en despegar fue Cataluña, seguida del País Vasco como comunidades históricas,
tanto a este como a la Comunidad Foral de Navarra se les respetaron sus
derechos históricos como territorios forales, Andalucía con su referéndum, o Canarias, Valencia y Navarra,
consiguieron en base a procesos específicos acceder también a la autonomía por
la vía rápida.
Ante esta situación se defendió desde varios foros el famoso
“café para todos” evitando así que varias autonomías accedieran por la vía
lenta, pero UCD no claudicó y se determinó en los pactos autonómicos de 1981 que
recondujera el proceso para aplicar al resto de comunidades el artículo 143, con
un nivel competencial inferior en un periodo inicial de cinco años y una
transferencia sucesiva de competencias en los años siguientes.
El mapa actual de las 17 autonomías se perfiló entre 1979 y
1983. En diciembre de 1979, el Congreso
apruebó los estatutos de País Vasco y Cataluña, en 1981, los de Galicia, Andalucía,
Asturias y Cantabria, en 1982, los de La Rioja, Murcia, Valencia, Aragón,
Castilla-La Mancha, Canarias y la ley de Amejoramiento del Fuero de Navarra;
finalmente, en 1983, los de Extremadura, Baleares, Madrid y Castilla y León.
Los estatutos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se aprobaron en 1995.
Pasada esta fase, lo lógico habría sido comenzar con la
siguiente, la federalización de las comunidades, y así España no habría resultado
un estado fallido como estamos viendo en la actualidad.
Si hubiera en este santo país una pizquita de sentido común gubernamental,
ya hace años que se estarían sentando las bases para crear los distintos estados
de la federación y nos ahorraríamos los sinsabores y enfrentamientos que
venimos padeciendo.
Y si no, que les den ya la independencia a los que la
quieran y así lo demuestren mediante consulta ciudadana, que
San Preciso se murió y el mundo sigue girando.
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