NI SERVICIOS, NI SOCIALES

A veces me pregunto qué clase de filosofía es la que guía a nuestro gobierno, el andaluz, y que clase de normativas fabrican y aplican en temas tan sensibles como los que se refieren a personas en riesgo de exclusión social.

Los servicios sociales que padecemos no son, ni servicios, ni sociales. Basar este servicio público en la sospecha y la culpabilización de los ciudadanos que acuden a ellos, es la norma general que actualmente se aplica.

No es descabellado pedir que aquella persona necesitada de ayuda, demuestre de algún modo que en realidad está en situación de demandar un determinado apoyo. Cosa muy distinta es llegar a los dichosos servicios sociales y sentir que eres un ciudadano sospechoso de ser un vividor y un aprovechado que va a explotar los recursos a disposición de los necesitados.

“ Legalidad vigente” esas son las palabras mágicas para tratar los asuntos de emergencia, ya sea habitacional, alimenticia, energética o sanitaria. Como si las personas que están en el atolladero entendieran de vigencias legales.

Las palabritas estas me recuerdan una conocida frase de mi juventud que decía así “A los amigos, el culo. A los enemigos, por el culo. Al indiferente, la legislación vigente”, y a eso me suena a mí, a veces, la actuación de los susodichos servicios sociales, a indiferencia. Salvo en el caso de que al funcionario o funcionaria de turno le caigas bien y te dé el culo, o le caigas mal y te dé por el culo. Que también pasa, demasiadas veces.

O sea, que no tengo donde caerme muerta, paso más hambre que un lagarto en lo alto de una pita, no tengo ni un agujero donde cobijar a mi familia, vamos, que estoy en las ultimas, y siendo así, si cobro 410 euros de ayuda, ya no tengo derecho a nada más.

Claro es que con semejante cantidad ya no soy pobre, con esto tengo para pagar alquiler, agua, luz, comunidad, medicinas y alimentos. Sí, porque en España, estos servicios básicos son muy asequibles a los bolsillos del pobre.

Si me meto en alguna vivienda propiedad de un banco -que es propiedad de un banco porque se la han expropiado a algún o alguna desgraciada que no pudo pagar la hipoteca, y que aun después de estar en la puta calle, le deben al banco hasta el último euro. Eso si no han expropiado también la vivienda a los sufridos padres/avalistas del desahuciado- bien, si me meto en esa vivienda vacía y abandonada por la entidad bancaria, pierdo cualquier derecho a ayuda alguna. Quiere esto decir que si elijo comer, en caso de disfrutar de la astronómica cantidad de los 400 y pico euros, en vez de pagar el alquiler, y me meto en una vivienda vacía, ya me puedo despedir de cualquier otra prestación social.

Si en cambio, elijo pagar el alquiler, la luz, la comunidad etc,  y lógicamente dejar de comer, los servicios sociales, igual -según sea amiga, enemiga o indiferente- me dan un vale para gastar en alimentos cada mes, cada tres meses o nunca, según a que sector de la legalidad vigente de ellos haya sido asignada.

Que hay vividores que conocen muy bien los recursos a los que acoplarse para vivir sin dar palo al agua, se sabe, y eso pasa desde que el mundo es mundo. Que se trate a todo aquel que demanda prestaciones  sociales, como si fuera un aprovechado, no es de recibo. Las personas tienen dignidad, y hay que respetar al máximo sus circunstancias.

Señoras y señores políticos, funcionarias y funcionarios, tenéis la suerte de disfrutar de una situación económica que os permite vivir, a unos manifiestamente mejor que a otros, con la suficiente holgura como para poder pagar vuestras facturas y alimentaros vosotros y vuestras familias, de forma regular, al menos 3 veces al día.

Las personas en riesgo de exclusión social tienen también este maldito vicio, vivir en una casa con luz y agua, y comer ellos y su familia al menos tres veces al día.

No los tratéis como a delincuentes. Tienen, como vosotros, el derecho a una vida y a un trato digno.